El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación social no contributiva que se creó en España en 2020 con el objetivo de garantizar un nivel mínimo de ingresos a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. La prestación se otorga por un periodo de seis meses, prorrogables hasta un máximo de dos años, y su cuantía varía en función de la composición de la unidad familiar y de los ingresos y el patrimonio que tengan sus miembros.
Desde su creación, el IMV ha sido una de las principales medidas sociales del Gobierno de España para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la prestación también ha sido objeto de críticas por los retrasos en su tramitación y pago.
* La complejidad de la tramitación de la prestación, que requiere la comprobación de los ingresos y el patrimonio de los solicitantes.
* La falta de recursos humanos en la Seguridad Social, que ha tenido dificultades para atender la alta demanda de solicitudes de IMV.
* Los problemas técnicos que se han producido en el sistema informático de la Seguridad Social.
Las personas que consideren que tienen derecho a atrasos del IMV pueden reclamarlos a la Seguridad Social. Para ello, deberán presentar una solicitud de reclamación de atrasos, que se puede descargar en la web de la Seguridad Social.
* El nombre y apellidos del solicitante.
* El número de DNI o NIE del solicitante.
* La fecha de solicitud del IMV.
* La cuantía de la prestación que se solicita.
La Seguridad Social tiene un plazo de tres meses para resolver la solicitud de reclamación de atrasos.
* El Ingreso Mínimo Vital ha sufrido importantes retrasos en su tramitación y pago, lo que ha generado malestar entre los beneficiarios.
* La Seguridad Social ha recibido más de 2 millones de solicitudes de IMV, lo que ha desbordado sus recursos humanos y técnicos.
* Los atrasos del IMV han afectado a miles de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.
Los retrasos en el pago del IMV han sido un problema importante para la prestación, que ha afectado a miles de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. El Gobierno de España ha tomado medidas para reducir los retrasos, pero aún queda camino por recorrer.
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